Señalamientos en Servicios Públicos de Huejotzingo: denuncian presuntos abusos, favoritismo y recolección de credenciales
En el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huejotzingo surgen nuevos señalamientos internos. Personal denuncia presuntas prácticas de presión laboral, trato desigual y la recolección de credenciales de elector bajo instrucciones superiores.
Trabajadores refieren que la titular del área mantiene una actitud confrontativa y de presión constante hacia el personal, mientras que presuntamente favorece a un empleado identificado como “El Buki”, quien labora en los camiones recolectores. Según los testimonios, existiría una relación personal que derivaría en trato preferencial, pese a que el trabajador es señalado como una persona casada con hijos.
Asimismo, acusan que estas situaciones ocurren sin intervención del presidente municipal Roberto Solís Valles, a quien señalan por permitir un manejo discrecional dentro de la dependencia, en contraste con el discurso público de orden institucional.
Por otra parte, se reporta que el pasado 19 de marzo de 2026 a las 18:00 horas se llevó a cabo una reunión en el salón Mora Plus, en el contexto de la operación de apoyos relacionados con calentadores solares.
De acuerdo con la información recibida, se estaría instruyendo a cada trabajador de Servicios Públicos a reunir al menos ocho copias a color de credenciales de elector, con la exigencia de que sean completamente legibles. El llamado “brigadeo” consistiría en la captación directa de ciudadanos para obtener dicha documentación, bajo presión de cumplir cuotas internas, lo que ha generado inconformidad entre el personal.
La información aquí presentada proviene de testimonios internos.
Las imágenes en poder de este medio evidencian que, dentro de los requisitos solicitados, se pide que la credencial para votar (INE) tenga vigencia hasta el año 2027. Este punto resulta particularmente relevante, considerando que actualmente se cursa apenas el primer trimestre de 2026, lo que abre cuestionamientos sobre la finalidad real de dicha recopilación de datos.
Bajo esta lógica, la exigencia de credenciales vigentes hacia 2027 podría interpretarse como un mecanismo de integración anticipada de padrones con fines distintos a los institucionales, lo que, de confirmarse, implicaría un posible uso político-electoral de programas públicos, orientado a la movilización o condicionamiento del voto.
De ser así, estas prácticas podrían no solo constituir faltas administrativas, sino también encuadrar en conductas sancionables en materia electoral, al involucrar la recopilación de datos ciudadanos fuera de procesos oficiales y con posibles fines de proyección política vinculados a figuras como el propio Roberto Solís Valles.
Desde el punto de vista legal, estas prácticas no son menores. La recolección de credenciales de elector sin sustento normativo, sin aviso de privacidad y sin un mecanismo institucional transparente puede constituir una violación directa a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, específicamente a los artículos 16, 17 y 18, que obligan a toda autoridad a justificar, informar y limitar el uso de datos personales.
A ello se suma el posible encuadre en faltas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 52 y 57, relacionados con abuso de funciones y uso indebido de recursos públicos.
En el ámbito electoral, de confirmarse un uso con fines de captación o condicionamiento del voto, podría implicar violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe el uso de programas sociales y recursos públicos para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.
En materia laboral, imponer cuotas y presionar al personal para obtener documentación de terceros puede vulnerar lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en sus artículos 3 y 133.
En este contexto, trabajadores señalan que no resulta casual que en diversas reuniones se restrinja el acceso con teléfonos celulares, presuntamente con el fin de evitar registros o evidencias de lo que ahí ocurre. Refieren que esta práctica se ha repetido incluso en encuentros donde han estado presentes figuras públicas como Norma Layón, lo que refuerza la percepción de opacidad en el manejo de estos programas.
