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PUEBLA: LOS RENGLONES TORCIDOS DE LA FISCAL CARNAL

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• Sin autorización del gobernador, ha tomado partido para favorecer a la dirigente estatal de Morena Olga Lucía Romero Garci Crespo, en una feroz disputa familiar por una herencia mega millonaria en Tehuacán

• Idamis Pastor autoriza un despliegue de fuerza por parte de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, para detener a una anciana de 85 años en silla de ruedas y que utiliza oxígeno de manera permanente

Por Manuel CARMONA

Sin un ápice de pudor la Fiscal General Idamis Pastor Betancourt, autorizó la ejecución de una orden de aprehensión de una anciana de 85 años de edad, la señora Estela Romero Bringas, para obligarla a repudiar la herencia de la cual ella es heredera universal, de un emporio avícola que estima en alrededor de 600 millones de dólares.

De prosperar esta infame maniobra, la fabulosa fortuna pasaría a manos de la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, quien es sobrina nieta de la empresaria tehuacanense Socorro Romero Sánchez, quien ha impugnado el testamento en el cual fue nombrada su tía Estela Romero Bringas como heredera universal, por lo cual en medio de esta encarnizada disputa legal ha logrado meter a la cárcel a varios miembros de su familia para ejercer presión.

Para ese fin, se ha valido de toda clase de triquiñuelas, entre ellas la alianza con la Fiscal Carnal, Idamis Pastor, quien instruyó sacar del archivo una carpeta de investigación la 007060/2025 para instruir a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violencia de Género, detener a una mujer de 85 años en sillas de ruedas y que dado los problemas de salud que tiene dada su avanzada edad requiere de oxígeno permanente, a fin de ejercer actos de intimidación orientados a desistirse de la disputa legal por la herencia de la cual ella es heredera universal.

Lo más aberrante de este caso, es que la Fiscal haya permitido que la Fiscalía que fue creada para velar por los derechos y proteger a las mujeres, hubiese fungido como el brazo ejecutor para violar los derechos humanos de una anciana, quien en este momento incluso ya se encuentra vinculada a proceso en el juicio que se ha instruído en su contra, tomando como base una carpeta de investigación que fue sustraída del archivo porque ya había caducado, pero fue reactivada para poder ejercer presión en contra de la octagenaria.

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