Padres de familia de la escuela Maximino Ávila Camacho, en Huejotzingo, denunciaron que el plantel lleva más de un año sin director formal, situación que, aseguran, ha generado desorden administrativo y falta de claridad en el manejo de apoyos gubernamentales destinados a la institución.
De acuerdo con el testimonio, los padres señalaron que actualmente existe una persona encargada del plantel, pero que no se les permite revisar ni conocer cómo se está administrando el apoyo económico que recientemente entregó el gobierno para la escuela.
La inconformidad es que a los padres únicamente se les utiliza como vínculo para recibir los beneficios, pero posteriormente no se les toma en cuenta para supervisar el destino de los recursos ni para conocer el estado de las cuentas.
Según la denuncia anónima, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2026 alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando padres de familia manifestaron su preocupación por la situación administrativa del plantel y reiteraron su exigencia de que la autoridad educativa nombre de inmediato a un director responsable.
Por temor a posibles represalias contra sus hijos, los denunciantes pidieron que su identidad permanezca en el anonimato y que su voz se haga pública únicamente como denuncia ciudadana.
Fundamento legal
La exigencia de los padres tiene respaldo en distintos ordenamientos jurídicos:
Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado debe garantizar una educación de calidad y una adecuada organización del sistema educativo.
Artículo 7 de la Ley General de Educación, que señala que las autoridades educativas deben asegurar el funcionamiento regular de las escuelas y la correcta administración de los recursos públicos destinados a la educación.
Artículo 69 de la Ley General de Educación, que reconoce el derecho de los padres de familia a participar en los Consejos de Participación Escolar, con facultades para vigilar el uso transparente de los recursos destinados a los planteles.
Artículo 134 de la Constitución, que obliga a que los recursos públicos se administren con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
Ante esta situación, los padres reiteraron su llamado a la Secretaría de Educación Pública para que intervenga, designe a un director formal y garantice transparencia en el manejo del apoyo gubernamental, evitando que la comunidad escolar quede únicamente como intermediaria sin acceso a la información.
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