La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 6 de abril de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa ni solicitud internacional formal. Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que amplía estas facultades a la autoridad financiera.
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Según la propia Corte, el congelamiento de recursos no constituye una sanción penal, sino una “medida cautelar administrativa y preventiva” orientada a proteger el sistema financiero ante indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
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Sin embargo, detrás de la retórica jurídica sobre protección financiera se oculta un atentado al principio de debido proceso y a la presunción de inocencia, pilares constitucionales que requieren que toda afectación patrimonial significativa pase por el filtro de un juez imparcial antes de privar a cualquier persona de uso de su propio dinero.
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Normalizar la excepcionalidad
La decisión de la SCJN normaliza lo que debería ser una excepción jurídica: autorizar a una autoridad administrativa a intervenir y paralizar bienes sin control judicial previo. Este criterio traslada el corazón del control del Estado sobre la libertad económica de las personas desde la esfera judicial a la discrecionalidad técnica de un órgano de inteligencia financiera.
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En teoría, habrá notificación a la persona afectada y plazos para solicitar audiencia ante la propia UIF. Sin embargo, esa garantía interna administrativa es insuficiente como contrapeso a una medida que en la práctica puede paralizar la actividad económica de un ciudadano o empresa durante semanas o meses, incluso antes de que exista una investigación penal formal.
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Los argumentos de la minoría
Los tres ministros que votaron en contra advirtieron precisamente este riesgo: sin parámetros claros en la ley sobre qué constituye un indicio suficiente, la norma deja un margen de discrecionalidad excesivo que puede derivar en abusos y arbitrariedades. La normativa no delimita con precisión los criterios que habilitan el uso de esta medida de alto impacto, elevando el riesgo de que la UIF actúe como un fiscal anticipado sin supervisión judicial.
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Este argumento cobra relevancia en un contexto donde la fiscalización del Estado sobre la economía de particulares puede instrumentalizarse sin mayores frenos externos. La decisión de la Corte rompe con la tradición de que solo un juez puede restringir el acceso de un individuo a sus recursos cuando hay sospecha de actividades ilícitas.
Un precedente preocupante
Aunque la Corte sostiene que la medida no implica judicialización ni sanción penal, la efectividad real del bloqueo de cuentas produce un efecto punitivo de facto incluso antes de que exista una resolución penal o civil. Más aún, la dependencia de la propia UIF para resolver impugnaciones en primera instancia pone en cuestión la independencia y neutralidad del procedimiento.
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La decisión abre un precedente institucional peligroso: permite que criterios de riesgo o sospecha financiera se traduzcan inmediatamente en sanciones económicas sin el contrapeso de una revisión judicial independiente. En un Estado de derecho, el control y la restricción de derechos patrimoniales deben estar sujetos a supervisión judicial clara y efectiva, no a interpretaciones administrativas sujetas a discrecionalidad.
Conclusión
Lo que la SCJN presentó como una herramienta para agilizar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en los hechos socava garantías fundamentales. La ausencia de un filtro judicial previo, la ambigüedad en los criterios de aplicación y la delegación de facultades punitivas a una autoridad administrativa configuran un precedente que erosiona el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales básicos.
La protección del sistema financiero no puede ser excusa para vulnerar el principio constitucional de que nadie puede ser privado de su patrimonio sin un juicio previo imparcial y control judicial independiente. La Corte, con esta decisión, redujo las barreras que protegen a los ciudadanos del poder estatal desbordado.
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