En redes sociales circulan diferentes quejas de ciudadanos del municipio de Huejotzingo en distintos ámbitos, donde señalan que se les está solicitando la credencial del INE para poder acceder a apoyos que, en teoría, deberían entregarse sin condicionamientos.

Entre los señalamientos se menciona que en el DIF municipal se estaría pidiendo la identificación para poder recibir apoyos que son gratuitos. Habitantes también afirman que, para poder recibir agua en sus domicilios mediante pipas, igualmente se les solicita la credencial.

Los reclamos también apuntan a otros programas dirigidos a la ciudadanía, como la entrega de calentadores solares o incluso apoyos alimentarios como leche, donde aseguran que la misma práctica estaría ocurriendo.

En un Huejotzingo que parece quedar atrapado en condicionamientos políticos, surge la pregunta inevitable: ¿y las autoridades?

¿Se están realizando auditorías o revisiones desde el estado para verificar que los programas sociales realmente se estén entregando sin condiciones?

El propio gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha señalado en distintos discursos que no se puede tener secuestrado al pueblo mediante programas de beneficencia. Sin embargo, hoy en Huejotzingo muchos ciudadanos afirman que necesitan justamente la intervención estatal para terminar con prácticas que, aseguran, limitan derechos básicos.

Marco legal

En México, condicionar programas sociales o servicios públicos a la entrega de la credencial de elector o al apoyo político puede constituir una falta administrativa o incluso un delito electoral.

El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se sanciona a quien condicione la entrega de programas sociales, servicios públicos o beneficios gubernamentales al apoyo o participación política de los ciudadanos.

Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y sin influir en la equidad de la competencia política.

Bajo ese marco, los apoyos sociales deben entregarse sin presión, sin condicionamientos y sin solicitar la credencial de elector con fines políticos o de control.

Si las denuncias que circulan entre los habitantes de Huejotzingo tienen sustento, el camino no es el silencio. La ciudadanía tiene derecho a denunciar estos actos ante las autoridades electorales y de fiscalización para que se investigue y, en su caso, se sancione a quien corresponda.

Porque cuando un derecho se ejerce de forma colectiva, deja de ser vulnerable a la presión política. Denunciar no es confrontar al ayuntamiento: es defender lo que por ley pertenece a los ciudadanos.

Y quizá ahí está el verdadero punto de quiebre: si la población decide ejercer sus derechos con fundamento legal, cualquier intento de presión o represalia queda exhibido como abuso.

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