La asesora de la Fiscal Angélica Gómez Tello al servicio de los fuereños

El caso podría venirse abajo por la lluvia de irregularidades procesales

Por Manuel CARMONA

Una nueva bomba podría estallar en cualquier momento, una vez que se vaya conociendo la avalancha de irregularidades procesales cometidas entre la asesora de la Fiscal General del Estado de Puebla, con el apoyo de la Fiscalía de Género de esta misma dependencia tras la detención el pasado 12 de marzo de María Soledad Astudillo Martínez, quien es sobrina del ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Bello, por su presunta participación en una enorme estafa para despojar de diversas propiedades a una mujer que reside en el puerto de Acapulco.

Aunque en un primer momento pareciera que los delitos que le imputan a la sobrina del ex gobernador pudieran ser ciertos, lo que se mantiene oculto pero que saldrá a la luz en cualquier momento, son los motivos reales por los cuales un ilícito denunciado en el estado de México y cuyos efectos ocurrieron en el estado de Guerrero, terminaron siendo radicados, investigados y perseguidos en Puebla.

La razón es económica y que se pretende pueda reportar interesantes beneficios para la asesora de la Fiscal Angélica Gómez Tello y para la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, a quienes se les quedaron todos los asuntos que ya no pudieron concluir el grupo de Fiscales corruptos que fueron despedidos recientemente y que se trajeron del estado de México todos los asuntos relevantes cuando llegaron a trabajar a Puebla.

La denuncia por este despojo cometido por medio de maquinaciones entre notarios, Registro Público de la Propiedad y un grupo de tres hermanos estafadores se presentó el 7 de diciembre del 2022 en el Estado de México y asciende a un monto original de 135 millones de pesos, pero con el monto de las rentas de los inmuebles y reparación del daño, podría alcanzar actualmente los 200 millones de pesos, lo que hizo que el grupo de toluqueños que llegaron a Puebla “atrajeran” este jugoso caso, pero ya no les dio tiempo concluirlo, pero se lo dejaron encargado a la asesora de la Fiscal Angélica Gómez Tello.

Debido a que la asesora carece de facultades legales para actuar en este caso con la autorización de la Fiscal General del Estado Idamis Pastor se hizo cargo de “trabajar” este caso con el apoyo de la Fiscalía de Género de la dependencia a fin de poder estar en condiciones de beneficiarse cuando se solucionara este caso.

El problema es que este asunto tan importante y delicado podría venirse abajo y los defraudadores salir impunes cuando se expongan ante un juez de control todas las violaciones al debido proceso que ya se han enlistado, lo cual sería gravísimo, ya que no existe ninguna explicación de porqué existiendo en el organigrama un área especializada en investigación de delitos patrimoniales, el caso le fueron asignado a la Fiscalía de Género.

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